Ante el avance de la precarización en los servicios de apoyos y cuidados, Plena inclusión España denuncia que la escasez de recursos públicos pone en riesgo los 4.000 centros y los servicios de calidad que presta la Confederación a más de 150.000 personas con discapacidad intelectual en todo el país. Al empeorar las condiciones laborales de los y las profesionales que dan apoyos, situación provocada por la ausencia de una financiación pública justa para las entidades del Tercer Sector, se pone en peligro la supervivencia de muchas de ellas y se rebaja la calidad de la atención que se presta.
“El empleo de calidad garantiza buenos apoyos”, recuerdan desde la Plena inclusión. Por ello, la confederación exige un Pacto de Estado por la dignificación del Tercer Sector. Estas iniciativas buscan revertir la degradación de las condiciones laborales y promover un modelo de servicios centrado en la ética, la estabilidad y la calidad humana. Todas estas demandas, junto a otras que atañen a las familias y a las personas con discapacidad intelectual, se incluyen en una campaña de sensibilización e incidencia política que tiene por eslogan #SinRecursosNOhayCuidados.
Plena inclusión España alerta de las consecuencias de esta situación:
- Pérdida de talento profesional y fuga hacia otros sectores.
- Reducción de inversiones y paralización de nuevos apoyos y servicios.
Plena inclusión y otras organizaciones sociales, como Hogar Sí o la Fundación Secretariado Gitano exigen a las administraciones públicas competentes medidas urgentes que busquen la dignificación del sector de los apoyos y cuidados. A sólo unos días de la celebración del del 1º de Mayo, Día Internacional del Trabajo, estas entidades del Tercer Sector reclaman a las administraciones públicas un compromiso más firme con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de las y los profesionales del sector de apoyos y cuidados.
“El empleo de calidad garantiza buenos apoyos”, sostienen desde un movimiento asociativo que agrupa a más de 950 entidades. Por ello, Plena inclusión exige un Pacto de Estado por la dignificación del sector, acompañado de un Plan Urgente de Inversión. El objetivo: revertir la degradación de las condiciones laborales y promover un modelo de servicios centrado en la ética, la estabilidad y la calidad humana.
Enrique Galván, director de Plena inclusión, resume en un artículo reciente, publicado por la revista ‘VOCES’ la situación actual: “Hoy nos enfrentamos al imperio de la ‘uberización’ de los servicios sociales. No podemos permitir que nuestras profesionales, personas clave en la transformación social, sean consideradas como mano de obra barata.”
Esta demanda cuenta con el respaldo de otras entidades del Tercer Sector. Sara Giménez, directora general de Fundación Secretariado Gitano, respalda este diagnóstico: “Las entidades que trabajamos con grupos en situación de mayor vulnerabilidad sabemos lo importante que son las inversiones estables y sostenidas en el tiempo para poder apoyar y acompañar a las personas en sus procesos de inclusión, por eso apoyamos la campaña de Plena Inclusión para mejorar la financiación y dignificar el sector de las entidades sociales”.
Por su parte, José Manuel Caballol, director general de Hogar Sí, aporta nuevos argumentos: “No podemos permitir que el ahorro que producimos al gasto público se convierta en servicios devaluados. Ese ahorro debe invertirse ahora en el Tercer Sector para atraer y retener a los mejores profesionales, con las mejores condiciones de conciliación, y con salarios adecuados en función del impacto social que generan”.
LA PRECARIEDAD LABORAL EN CIFRAS
Aunque el 67,6% de las profesionales del sector tiene formación universitaria (más que la media estatal), su sueldo es 1.771 euros inferior al salario medio anual en España, de acuerdo con el Informe del Observatorio del Tercer Sector. Además, el 9,5% de las personas empleadas en el Tercer Sector tienen más de un trabajo o negocios frente al 5,7% en España. Y finalizamos con otro síntoma de la precariedad laboral que se vive en las ONG ya que se registra una alta parcialidad en las jornadas: de media, estas organizaciones sociales cuentan con un 48,1% de contratos a jornada parcial frente al 12,6% que se registra, de media, en el resto de España.
Plena inclusión hace un llamamiento a las administraciones públicas, entidades sociales, sindicatos y patronales a reconocer el papel esencial del sector social en la cohesión social, la inclusión y los cuidados de calidad para las personas que más lo necesitan.
