Lectura fácil ▼Valladolid, 31 de octubre de 2025
¿Qué dificultades nos encontramos las entidades en la aplicación de la Ley 8/2021? ¿Qué necesitan los operadores jurídicos de las entidades y las familias para aplicar las novedades de la Ley 8/2021? Estas y otras preguntas tuvieron ayer respuesta en el encuentro que tuvo lugar ayer en Valladolid, en la sede Fundación Personas con la participación de una veintena de personas entre las que destacó la presencia de Mauricio Muñoz, Magistrado delegado de discapacidad de Castilla y León y Mª José Burgos, Fiscal delegada de discapacidad de Castilla y León quienes charlaron con profesionales y familias de Fundación Personas, del Centro San Juan de Dios y FUTUDIS para marcar líneas de trabajo.
El encuentro se caracterizó por generar un espacio en el que los operadores y las entidades compartieron sus dificultades y puntos de mejora en el gran cambio que ha supuesto la entrada el nuevo modelo de apoyos a la capacidad jurídica para las personas con discapacidad, sus familias, las entidades y la administración de Justicia.
Este encuentro se enmarca en el trabajo que realiza la Federación de la mano de la Red de Juristas de Castilla y León para unir ambas realidades: ámbito jurídico y entidades de la discapacidad y generar espacios de diálogo para analizar la aplicación de la Ley 8/2021, tras cuatro años de su entrada en vigor.
En esta línea, los pasados meses de mayo y junio se celebraron encuentros en Ávila y León que, además del magistrado y la fiscal delegados de discapacidad que han participado en los tres encuentros que se han celebrado en la Comunidad han reunido a un gran número de operadores jurídicos como dos presidentes de Audiencias provinciales, tres jueces y magistrados de Juzgados de Familia, cuatro jueces y magistrados de Juzgados mixtos, tres fiscales y dos decanos de colegios de abogados.
En estos tres encuentros han participado más de 60 personas que, tanto los operadores jurídicos como los profesionales de los centros han compartido las dificultades que han surgido en estos años. La falta de recursos, el desarrollo reglamentario pendiente de algunos aspectos de la Ley y la consideración insuficiente de efectos colaterales en áreas como Hacienda, prestaciones de la Seguridad Social o convenios colectivos han sido algunos de los retos señalados.
Al mismo tiempo, se han valorado los esfuerzos realizados por todas las partes y se han consensuado mejoras técnicas que permitirán un funcionamiento más ágil y eficaz de la relación entre operadores jurídicos y entidades, garantizando una mejor atención y protección para las personas con discapacidad intelectual.