Hoy, la inauguración de «Cádiz, Cuna de Derechos» ha contado con la presencia del presidente de la organización, Juan Cid, su homólogo en FEAPS Andalucía, Juan Manuel Carrasco, y la Vicerrectora de Proyección Social, Cultural e Internacional de la Universidad de Cádiz, Marina Gutiérrez.
Carrasco ha explicado que, en los últimos meses, la administración pública andaluza ha cerrado todas las vías de diálogo para retomar la colaboración con FEAPS Andalucía. Por eso, según señala el presidente de la federación: «hemos sobrevivido a muchas crisis económicas, pero no podemos sobrevivir una crisis de valores«.
En su intervención, Cid ha señalado el importante déficit de ciudadanía de más de 300.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en toda España por causa de la discapacidad y por la falta de apoyos y oportunidades del entorno social en el que vivimos.
En estos momentos, este colectivo está viviendo severos recortes, como pérdidas en ayudas y subvenciones locales, impagos generalizados en varios Comunidades Autónomas (que alcanzan los 80 millones de euros en toda España), desaparición de empleo con apoyo y la falta de cobertura de la subvención salarial para Centros Especiales de Empleo. Esta situación pone en serio riesgo de exclusión a 14.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
Todo ello traerá consecuencias que van a convertir, en palabras de Juan Cid, a las personas con discapacidad o del desarrollo «en los últimos vagones de la sociedad, donde discapacidad, pobreza y exclusión serán sinónimos«.
A través de su presidente, FEAPS, junto al CERMI Estatal al que pertenece, ha instado al Gobierno de España al cumplimiento de la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad, especialmente en lo referente a la adaptación normativa relativa al ejercicio de la capacidad jurídica por las personas con discapacidad; o en el desarrollo de instrumentos que aseguren un acceso pleno de estas personas en los procesos electorales.
Asimismo, Cid ha señalado que las recientes reformas a las que ha sido sometido el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, están poniendo en peligro la consecución del derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en comunidad.