Valladolid, 17 de noviembre de 2026. La II Jornada «Avances y Retos: Ley 8/2021», celebrada ayer en Valladolid, reunió a 57 participantes, alcanzando el 81,4 % del aforo disponible. El encuentro, organizado por FUTUCYL —plataforma integrada por las fundaciones FUTUDÍS y FECLEM— en colaboración con el Decanato Autonómico de los Registradores de Castilla y León, se consolidó como un espacio de reflexión y debate sobre la aplicación práctica de la reforma legislativa en materia de capacidad jurídica de las personas con discapacidad.
La jornada contó con especialistas de la judicatura, la Fiscalía, el ámbito registral y las entidades sociales, que abordaron los avances conseguidos desde la entrada en vigor de la Ley 8/2021 y las dificultades que todavía persisten para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad.
Uno de los principales mensajes compartidos durante el encuentro fue la necesidad de trasladar el cambio de paradigma introducido por la Ley 8/2021 a la práctica cotidiana, situando la voluntad, los deseos y las preferencias de cada persona en el centro de cualquier actuación. En su intervención, Marta Gómez Llorens, Vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Nacional de Registradores, destacó la importancia de comunicar e inscribir adecuadamente las medidas voluntarias de apoyo en el Registro, como instrumento para reforzar la seguridad jurídica y facilitar su conocimiento y eficacia.
Por su parte, Rafael Armesto del Campillo, asesor jurídico de FUTUBIDE, señaló la falta de uniformidad de criterios en la aplicación de la reforma en los distintos territorios, una situación que genera dificultades e incertidumbre para las entidades que prestan apoyos. Defendió un enfoque basado en derechos que parta de dos preguntas fundamentales: qué quiere la persona y qué apoyos necesita para poder tomar y llevar a cabo sus propias decisiones. María José Burgos Monge, Fiscal Jefe de Soria, incidió en la transformación que exige el nuevo modelo, tanto en la forma de comprender la discapacidad como en la actuación de los operadores jurídicos. Subrayó la necesidad de proporcionar los ajustes y apoyos adecuados para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos civiles en igualdad de condiciones.
La sesión dedicada a analizar cómo se está implementando el modelo de apoyos a la toma de decisiones en el ejercicio de la capacidad jurídica contó con la participación de Mauricio Muñoz Fernández, magistrado y delegado de discapacidad del Consejo General del Poder Judicial en Castilla y León, y Luis Gonzaga García, presidente de LIBER. El diálogo estuvo moderado por Cristina Guilarte Martín-Calero, catedrática de la Universidad de Valladolid y patrona de FUTUDÍS.
Durante el debate se abordaron cuestiones como la individualización de los apoyos, la responsabilidad de quienes los prestan y la necesidad de establecer mecanismos que protejan los derechos de las personas sin limitar injustificadamente su autonomía.
En este sentido, Mauricio Muñoz destacó el papel esencial de las salvaguardas en los poderes y las medidas de apoyo para prevenir posibles abusos y garantizar el respeto a los derechos de las personas.
Las intervenciones pusieron de manifiesto la necesidad de seguir avanzando en la coordinación entre los distintos operadores jurídicos y las entidades sociales, así como en el establecimiento de criterios compartidos que faciliten la aplicación efectiva de la reforma.
La jornada fue clausurada por Carlos Pollán, vicepresidente primero de la Junta de Castilla y León y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, quien destacó la importancia de avanzar hacia un modelo de apoyos basado en la autonomía y el respeto a la voluntad de las personas con discapacidad.
Durante su intervención, puso el acento en el cambio de paradigma introducido por la Ley 8/2021, que supone pasar de preguntarse quién debe decidir por una persona a identificar qué apoyos necesita para tomar sus propias decisiones.
Pollán defendió la necesidad de establecer “reglas claras, criterios compartidos y confianza mutua” entre los diferentes agentes implicados, una reflexión que conectó directamente con algunas de las principales cuestiones abordadas durante la jornada.
Asimismo, hizo referencia a la legislación de Castilla y León sobre el apoyo al proyecto de vida de las personas con discapacidad, destacando la responsabilidad de los poderes públicos de garantizar los apoyos necesarios y el valor de la experiencia y el conocimiento de las entidades sociales.
FUENTE: FUTUDIS