Lectura fácil ▼Madrid, 4 de agosto de 2026.- Ante la decisión adoptada por el Gobierno, en el mes de julio, de aumentar la financiación del Sistema de Dependencia en más de 6.200 millones, Plena inclusión España exige a las Comunidades Autónomas (CCAA) transparencia e impacto real en las personas acerca de esta nueva vía de inversión social. La confederación que agrupa a 950 asociaciones que apoyan a más de 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y a sus familias recuerda que, a partir de ahora, las CCAA verán incrementadas de forma significativa las aportaciones estatales destinadas a las personas dependientes.
Para Enrique Galván, director de Plena inclusión España, esta inyección presupuestaria que supone un incremento de los ingresos que venían recibiendo las CCAA que fluctúa entre un 14% y un 27%, “debe revertir en una mejora de las prestaciones que recibe cada persona con discapacidad y, en lo concreto, debería notarse en una mejora de los servicios y apoyos a los que accede”.
Por su parte, Plena inclusión alerta sobre la posibilidad de que algunas CCAA traten de ahorrar recursos en este capítulo de las prestaciones, retirando recursos propios asignados al capítulo de la dependencia. “Nos tememos que el resultado final no sea reforzar los apoyos que se reciben en la actualidad sino congelar derechos”, explican. Plena inclusión recuerda que algo similar sucedió con el Plan Estatal de Choque de Dependencia, tal y como ha plasmado en sus informes la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
«Pedimos que los apoyos y la dignificación de los profesionales se vea reforzada con esta nueva inyección económica», defienden desde Plena inclusión. La confederación que gestiona 4.000 centros y servicios en los que trabajan cerca de 46.000 profesionales entiende que “es el momento de apostar por la sostenibilidad del sector y mejorar la financiación de los centros y la dignificación de las profesionales que dan apoyo a miles de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. En caso contrario, se estaría perjudicando la calidad de los apoyos que reciben estas personas”.
Asimismo, Plena inclusión pide transparencia para tener constancia de qué cantidades van a ser destinadas a la discapacidad y cuáles serán aplicadas al ámbito de mayores, así como conocer qué coberturas serán ampliadas y cómo se va a acelerar la reducción de las listas de espera. Igualmente, la Confederación cree que es de justicia conocer cuál es el nivel de contribución vía copago. Algunas CCAA incluyen en su aportación al sistema los aportes de la ciudadanía.
El copago, capítulo aparte
Plena inclusión cree que en términos generales el copago resulta abusivo, opaco y un acelerador de la pobreza. Muchas personas, cuando se aplica este mecanismo de recaudación, caen bajo el umbral de la pobreza relativa una situación de vulnerabilidad extrema que se da cuando su renta se sitúa por debajo de 12.000 euros disponibles. Por tanto, explican desde Plena inclusión, no se entiende que las administraciones competentes que afirman luchar contra la pobreza establezcan normativas que la perpetúan.
El filósofo Daniel Inerarity en su obra ‘Ética de la hospitalidad’ habla del tercero excluso, aquel que no participa en lo acordado siendo un grupo con legítimos intereses y que sufre las consecuencias de un acuerdo entre otros agentes y donde no puede influir ni participar, pero si soportar las consecuencias de lo pactado. Así, señalan desde Plena inclusión: “la administración estatal y las autonómicas promueven un sistema de copago confiscatorio y por ello abusivo que presiona a las personas y las familias sin tenerlas realmente en cuenta”.
Por otro lado, desde Plena inclusión se insiste en que las reformas legislativas del Sistema de Dependencia que se están tramitando ahora en el Senado no suponen ningún avance ni contemplan la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre el copago, que fue respaldada por más de 750 mil firmas, y en la que se denuncia un sistema injusto que debe respetar una cantidad exenta y suficiente para tener un nivel de vida digno. La confederación estatal exige revertir esa práctica que va contra los derechos y la dignidad de la parte más vulnerable del sistema.