Lectura fácil ▼Madrid 15 de julio de 2026. El Congreso de los Diputados acaba de aprobar, en el Pleno celebrado hoy, la reforma de las leyes de Discapacidad y Dependencia. El consenso logrado en el Parlamento supone avances importantes sobre el modelo de apoyos y cuidados para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias. Plena inclusión, el movimiento asociativo que apoya a más de 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y de sus familias, valora lo logrado y confía en que su plasmación en medidas concretas cuente con el respaldo de las comunidades autónomas (CCAA) que son las administraciones competentes en esta materia.
El texto aprobado recoge avances significativos respecto a las versiones anteriores que suponen: mejorar la asistencia personal y potenciar la capacidad de participación de las personas con discapacidad y sus familias, reducir el uso de restricciones, promover medidas para extender la vida en comunidad y agilizar el acceso a las ayudas a la discapacidad con pasarelas desde la dependencia. También contempla la aceptación de una cartera de prestaciones más flexibles y compatibles con las necesidades reales de las personas y sus familias. “Lo aprobado supone un giro significativo que transita desde un sistema rígido y limitado a otro con mayor capacidad de adaptarse a las necesidades y el proyecto de vida de las personas y de sus familias en su entorno comunitario”, ha explicado Enrique Galván, director de Plena inclusión España.
Desde esta confederación, que realizó numerosas aportaciones al proyecto de ley en su fase de consulta pública, se subraya cómo la reforma legal conecta con el mandato de la Convención de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el año en que se cumplen dos décadas de su aprobación, así como con la reforma del artículo 49 de la Constitución. Este último, modificado en 2024, además de cambiar la terminología para referirse a las personas con discapacidad, ponía el acento en la necesidad de ampliar las medidas de protección de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad. Por eso, Plena inclusión aplaude que el actual Sistema de la Dependencia comience a virar hacia un enfoque más orientado a la autonomía, la inclusión en la comunidad y la promoción de los derechos.
También se destaca que la reforma avanza en la consolidación de la figura del facilitador procesal, reivindicación permanente de nuestro sector para mejorar el acceso a la justicia real para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, y otras discapacidades. “Valoramos cómo el nuevo texto legislativo adquiere el compromiso de alcanzar mayores cotas de accesibilidad universal, incorporando la accesibilidad cognitiva, el derecho a entender la realidad, como una cuestión central que debe facilitarse”, apunta Enrique Galván.
Las normas reformadas llegan acompañadas por un Real Decreto Ley que mejora la financiación del sistema. Así, se prevé una aportación adicional de 6.200 millones de euros adicionales al Sistema de Autonomía y Apoyo a la Dependencia (SAAD) y a su sostenibilidad. Esta medida genera en el sector una esperanza de que este pilar del Estado del Bienestar tome el rumbo adecuado y promueva las condiciones adecuadas para tener vidas dignas y elegidas en la comunidad para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias.
Lo que falta
Plena inclusión ha mostrado su preocupación ante la reforma, en materia de copago, ya que atribuye a cada comunidad autónoma la regulación en exclusiva en vez de, como hasta ahora, al Consejo Territorial. Además, lamenta que no se haya abordado la fijación por ley de un umbral de capacidad económica exenta de copago. En concreto, respecto a la petición del sector de 2,5 veces el IPREM, cantidad que tendría en cuenta el sobrecoste que soportan las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias, por el copago. Al no tenerlo en cuenta, en muchas ocasiones les deja en situación de riesgo de pobreza.
Por otro lado, reclama que este plan de consolidación del sector de cuidados y apoyos debe también afrontar la dignificación de las condiciones de trabajo para primar la calidad y el buen hacer de las profesionales que trabajan a diario apoyando a personas con discapacidad y a sus familias, y que actualmente no tienen el reconocimiento social ni las condiciones que hagan de este sector esencial un espacio atractivo para su desarrollo profesional.
Finalmente, Plena inclusión llama a una gobernanza bien articulada con las CCAA para garantizar el avance del sistema y hacer efectivos los derechos en todos los territorios y para toda la ciudadanía, especialmente para la que presenta más necesidades de apoyo.