Plena inclusión trabaja con el Gobierno en una desescalada segura

Esta mañana, representantes de Plena inclusión España han intercambiado con el director general de Políticas de Discapacidad, Jesús Celada, una batería de medidas desde las que afrontar una desescalada segura en los servicios de atención a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Un grupo de expertos de Plena inclusión ha elaborado un documento, que se ha hecho llegar al Gobierno de Pedro Sánchez y al CERMI, con propuestas que orientan una recuperación con seguridad de la actividad de los servicios que atienden a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Se busca que el Ejecutivo, en su planificación, tenga en consideración las necesidades y especiales características de este colectivo numeroso (más de 470.000 personas en todo el país) de población especialmente vulnerable.

Desde Plena Inclusión se ha sugerido al Gobierno potenciar planes de contingencia, así como el rediseño, a medio plazo, de los servicios que se están prestando. Además, entre otras medidas solicita la garantía de provisión de EPI y propone: un estudio de aforos adaptados a la situación, la posibilidad de suspensión temporal de actividades, una necesaria flexibilización de horario, el refuerzo financiero del apoyo público y un aumento de ratios y plantillas

4.000 CENTROS Y SERVICIOS
Plena inclusión España, una confederación de 935 entidades que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad intelectual, TEA y parálisis cerebral y sus familias, gestiona cerca de 4.000 centros y servicios en todo el país. En estos dispositivos se atiende a 140.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y en ellos trabajan 40.000 profesionales que cuentan con el apoyo de 8.000 personas voluntarias.

Una de las principales fuentes de preocupación, provocada por la pandemia, es la situación en los 1.016 centros residenciales (residencias y pisos tutelados) de Plena inclusión en el que se atiende a más de 17.000 personas ante la falta de provisión de EPI por parte de las CCAA. Aquí el efecto del COVID-19 ha sido especialmente duro: han muerto hasta hoy 165 personas, 1.839 han resultado contagiadas y 2.782 tienen síntomas y no se les ha podido hacer el test para saber si realmente tienen coronavirus. “Nos hemos visto obligados como personas, familias y organizaciones a dar respuestas muy rápidas y radicales que han sido costosas para toda la población, pero con especial padecimiento para las personas y colectivos más vulnerables”, ha destacado Santiago López, presidente de la de Plena inclusión España.