Plena inclusión reclama a las administraciones autonómicas que garanticen el proyecto Mi Casa
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Plena inclusión España ha terminado el proyecto ‘Mi Casa: una vida en comunidad’. Este proyecto ayuda a 440 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo a vivir en comunidad. Antes vivían en instituciones o con sus familias porque necesitaban muchos apoyos. Gracias al proyecto: - 440 personas han pasado a vivir en casas en barrios y pueblos. - Más de 1.300 empresas y servicios públicos han trabajado por la inclusión. - 35 territorios participan en el proyecto. - 66 viviendas se han abierto en 7 comunidades autónomas. - 539 profesionales dan apoyo personalizado a las personas que lo necesitan. ‘Mi Casa’ es importante porque ayuda a las personas con discapacidad a dejar las instituciones y vivir en comunidad. Plena inclusión pide a las administraciones de las comunidades autonómas que aseguren: – Dinero para mantener las viviendas. – Programas que mantengan el proyecto en el tiempo. Las comunidades autónomas tienen la responsabilidad en vivienda y servicios sociales.
Plena inclusión España anuncia la culminación del proyecto ‘Mi Casa: Una vida en comunidad’ al término de 2024, una iniciativa pionera que ha transformado la vida de 440 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, facilitando su transición desde instituciones hacia viviendas inclusivas en la comunidad.
‘Mi Casa: una vida en comunidad’ ha sido un modelo innovador de desinstitucionalización, promoviendo viviendas inclusivas y personalizadas. Su impacto ha servido de referencia en todo el país, alineándose con los principios de la ‘Estrategia Europea de Cuidados’ y la ‘Estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad’, impulsada por el Gobierno de España el pasado mes de junio.
Durante su desarrollo, ‘Mi Casa: una vida en comunidad’ ha logrado que más de 1.300 empresas y servicios en 35 territorios apuesten por la inclusión de personas con discapacidad intelectual, creando redes de apoyo comunitario que han mejorado significativamente su calidad de vida. Además, se han establecido 66 viviendas en 7 comunidades autónomas, con el apoyo de 539 profesionales que han proporcionado acompañamiento y apoyos personalizados a 440 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo que necesitan muchos apoyos.
Sin embargo, desde Plena inclusión se advierte de la necesidad de consolidar estos avances y garantizar su continuidad más allá de 2024. La sostenibilidad de este modelo requiere del compromiso firme de las administraciones autonómicas para asegurar financiación estable y programas que den continuidad a las viviendas comunitarias.
“No podemos permitir que se pierdan los avances logrados hasta ahora entre todos y todas. Las personas con discapacidad intelectual tienen derecho a vivir en comunidad con los apoyos necesarios. Pedimos a los gobiernos autonómicos y al del Estado que asuman este reto como una prioridad social”, ha declarado Carmen Laucirica, presidenta de Plena inclusión España.
Una de las claves del éxito del proyecto ha sido la aplicación de soluciones innovadoras en su diseño y ejecución. Entre ellas, destaca la implicación de las administraciones autonómicas y locales en la gobernanza del proyecto, asumiendo un papel activo en la toma de decisiones y en la construcción de comunidades más inclusivas. Este modelo de cogobernanza ha permitido adaptar los recursos a las necesidades específicas de cada territorio, sentando las bases para políticas de desinstitucionalización a largo plazo. Junto a ello, se han aplicado otras soluciones como las nuevas figuras profesionales del facilitador/a y el conector/a comunitario/a, los planes de transición, la coordinación sociosanitaria, el uso de nuevas tecnologías en las viviendas y para el desarrollo comunitario, etc.
El proyecto ‘Mi Casa: una vida en comunidad’ ha sido impulsado con fondos europeos Next Generation, a través del ‘Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia’ del Gobierno de España, y ha contado con la colaboración de 7 federaciones autonómicas de Plena inclusión. Ha facilitado la transición de personas con discapacidad intelectual desde residencias hacia viviendas normalizadas en barrios y pueblos, promoviendo su plena inclusión y autonomía.
Plena inclusión continuará trabajando en la incidencia política y social para lograr que este modelo se expanda y se consolide como una política pública estable en todo el territorio español.