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Plena inclusión hace visible a las personas con más necesidades de apoyo

Plena inclusión hace visible a las personas con más necesidades de apoyo

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El Estudio Todos somos todos analiza la situación de las personas con mayores necesidades de apoyo, y aquí incluimos a aquellas que, debido a su grado de discapacidad, necesitan de otra persona para realizar funciones básicas de la vida, como comer, asearse, desplazarse o comunicarse. Este Estudio se basa en el análisis de los únicos datos públicos que existen: las encuestas sobre discapacidad realizadas por el INE en 1999 y 2008, así como la Base Estatal de Datos de Personas con Discapacidad del IMSERSO (BEPD). Según estos datos, en 2008, el total de personas con discapacidad intelectual profunda o severa (denominado así por las citadas estadísticas) ascendía a 63.610, alcanzando un nivel de prevalencia sobre el tal de la población del 0,16%.


Pese a ser un pequeño grupo respecto de la población general, las personas con discapacidad intelectual con mayores necesidades de apoyo precisan de un amplio abanico de recursos tanto económicos como humanos.


La población con discapacidad intelectual con mayores necesidades de apoyo se ve incrementada en un 44,2% en 2008 frente a 1999, lo que en términos absolutos se traduce en que en el 2008 habría, residiendo en hogares, 14.413 más que en el año 1999.

El incremento de la esperanza de vida, podría, en parte, justificar esta mayor presencia de personas con mayores limitaciones, dato que confirma la BEPD, que indica que en los últimos 15 años se ha incrementado un 3% el número de personas con discapacidad intelectual mayores de 65 años: en el 2014 hay un 7,9% frente al 4,9% del año 1999. Los datos parecen indican una mayor longevidad de estas personas, pero es necesario contar con registros de mortalidad específicos que permitan establecer aproximaciones poblacionales que se basen en criterios demográficos.


Como resultado de los datos que desprende el Estudio lo más destacado es la situación de exclusión de estas personas, a las que se les priva de sus derechos: la falta de acceso a la educación (apenas el 6% dispone de estudios primarios completos) o al empleo (el 96% se encuentra inactivo). Los resultados de la investigación tienden a indicar que las personas con discapacidad intelectual y mayores limitaciones participan en menor número de actividades y de forma más pasiva. Para eliminar los escenarios de exclusión hay que repensar los apoyos que reciben.


En cuanto a sus relaciones sociales, el 60% de las personas con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo tiene pocas o ninguna oportunidad para hacer nuevas amistades.
Los tipos de ayudas recibidas por estas personas se centra en atención residencial (32,4%), Servicios de Centro de Día (28,2%) y prestaciones económicas para el cuidado del entorno familiar (27,7%).


Es significativo que el 49,5% de las personas con discapacidad intelectual con grandes necesidades de apoyo presentan un estado de salud malo o muy malo, frente al 34,7 de aquellos con discapacidad intelectual moderada.


Atendiendo a los datos del BEPD y el SAAD, se observa que las alteraciones de la conducta están presentes en gran parte del colectivo con discapacidad intelectual.


El 98,6% precisan de cuidados personales, siendo estos proporcionados por la familia en el 95% de los casos y los consideran insuficientes en uno de cada tres casos (34%). Reciben un promedio de 111 horas semanales de cuidados personales, frente a las 71 horas que recibe las personas con discapacidad intelectual moderada o leve.


Las personas que ofrecen estos cuidados, en su mayoría familiares, han visto deteriorada su salud y calidad de vida debido a este motivo: un 54,7%, frente al 31,6% de aquellas personas que cuidan a personas con discapacidad moderada y un 28,4 los de leve.


De acuerdo con todo lo señalado, y para evitar esta preocupante situación de exclusión social, la atención de las necesidades de las personas con discapacidad intelectual con grandes necesidades de apoyo debe constituir una prioridad en la agenda social del gobierno y se deben homogeneizar el proceso de valoración de la dependencia y prestaciones en cada comunidad autónoma.

Plena inclusión tiene un firme Posicionamiento sobre las Personas con Grandes Necesidades de Apoyo, que exige unos mínimos irrenunciables, para que puedan vivir conforme a un proyecto vital elegido y que puedan disponer de los recursos necesarios para desarrollar su proyecto de vida, evitando situaciones de pobreza y exclusión social.