Plena inclusión denuncia a España ante la ONU
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Plena inclusión denunció a España ante la Organización de Naciones Unidas. Plena inclusión ha puesto la denuncia porque una persona con discapacidad intelectual fue juzgada sin tener los apoyos necesarios para entender la detención y el juicio. Antes de ir a la Organización de Naciones Unidas, Plena inclusión denunció este hecho en España, pero los jueces españoles no admitieron la denuncia.
Plena inclusión España acaba de denunciar al Estado español ante el Comité sobre Derechos de las personas con Discapacidad de la ONU por vulnerar el igual acceso a la justicia de una persona con discapacidad intelectual condenada en 2015 y en prisión preventiva desde 2013.
La denuncia se basa en el caso de una persona con una discapacidad intelectual del 73%, previamente reconocida, a la que se juzgó por un delito cometido en 2013, sin que en ningún momento se le facilitaran ajustes de procedimiento necesarios para garantizar su derecho de defensa y a un juicio justo. De acuerdo con los hechos contrastados: ni la policía al detenerle, ni el juzgado al prestar declaración detectó que el presunto acusado era una persona con discapacidad intelectual pero cuando se acreditó ante el juzgado, tampoco se tomó ninguna medida ni se tuvo en cuenta de ninguna forma.
El acusado, a preguntas del juez, afirmó en el juicio no entender alguna de las preguntas que se le formulaban, pese a lo cual el magistrado reformuló las preguntas sin cambiar las palabras impidiendo su comprensión.
Plena inclusión, en su denuncia, aporta un informe realizado por el Grupo de Investigación de Psicología del Testimonio de la Universidad Complutense de Madrid en el que se acredita fehacientemente que la persona con discapacidad intelectual, actualmente cumpliendo condena a 25 años de prisión, precisaba de la realización de flexibilizaciones en su procedimiento.
PETICIÓN DE AMPARO ANTE NACIONES UNIDAS
Plena inclusión España presentó, en colaboración con Plena inclusión Castilla-La Mancha, un recurso contra la decisión judicial condenatoria que ha ido recorriendo las diversas instancias hasta alcanzar el Tribunal Constitucional. Aquí respondió el alto tribunal inadmitiendo el recurso por entender que no se cumplía el requisito de “especial trascendencia constitucional”. Al agotar todas las vías jurisdiccionales nacionales y teniendo en cuenta que el Estado español no dio respuesta a la demanda por “ausencia de ajustes razonables”, Plena inclusión España se ha dirigido ante el Comité de la ONU sobre Derechos de las personas con discapacidad para solicitar amparo. En el caso en que este Comité admitiera a trámite la comunicación, se convertiría en un hecho histórico sin precedentes ya que sería la primera denuncia aceptada en este sentido.
Hay que recordar que el Estado español ratificó en 2008 la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad aceptando garantizar los derechos en ella establecidos. Además, en el informe de Observaciones Finales que España acaba de recibir del Comité, este advierte que España está obligada a garantizar, a las personas con discapacidad investigadas o imputadas, la accesibilidad y ajustes de procedimiento en todas las fases de los procedimientos judiciales, incluyendo sistemas de apoyo para la adopción de decisiones que garanticen su derecho de defensa.
