Intranet
Plena inclusión alerta sobre el abandono de las administraciones de centros y servicios de discapacidad

Plena inclusión alerta sobre el abandono de las administraciones de centros y servicios de discapacidad

en Noticias
Plena inclusión pide a las administraciones
que ayuden a más de 4.000 centros y servicios
de atención a personas con discapacidad intelectual
para pagar los costes del coronavirus.

El coronavirus obliga a las entidades
a contratar a más personas,
adaptar sus edificios 
y a comprar material de protección,
como mascarillas o guantes.

Las entidades se gastan mucho dinero
en estas medidas 
y necesitan ayuda desde la administración.
Desde el movimiento asociativo de Plena inclusión se ha dado la voz de alarma ante la falta de apoyos de las administraciones públicas frente a los sobrecostes generados por la adaptación de sus 4.000 centros y servicios a las exigencias sanitarias de prevención ante la COVI19.

La Junta Directiva de la mayor organización estatal que trabaja con personas con discapacidad o del desarrollo (síndrome de Down, parálisis cerebral y TEA) y sus familias, denunció ayer que “las exigencias planteadas por las autoridades sanitarias suponen la contratación de nuevo personal y un incremento importante de gastos imprevistos para adaptar todas las instalaciones y adquirir EPIs”. “Nunca antes, en el más de medio siglo de historia de nuestro movimiento asociativo, habíamos vivido una situación tan crítica”, subraya Santiago López, presidente de Plena inclusión España. “Somos conscientes de que vivimos una emergencia social y precisamente por ello, las administraciones públicas deberían garantizar las condiciones de atención a los colectivos más vulnerables. Y, desgraciadamente, esto no está ocurriendo”.

La organización que agrupa a 935 asociaciones en las que trabajan 40.000 profesionales denuncia el abandono institucional. “Desde el verano, con el inicio de la segunda ola de la COVID19, hemos venido recibiendo requerimientos de las fiscalías provinciales exigiendo la adaptación de instalaciones que implica aumento de personal para cumplir con las normas de prevención ante la pandemia fijadas por las autoridades sanitarias”, explica Juan Pérez, vicepresidente de Plena inclusión España. “Y, sin embargo, nuestras federaciones autonómicas no encuentran interlocución en la mayoría de las comunidades para establecer de qué modo nos van a ayudar en el sostenimiento de unos gastos imprevistos que están llevando a nuestras asociaciones a una situación financiera desesperada”, remarca Pérez.

Carmen Laucirica, presidenta de Plena inclusión Canarias y miembro de la Junta Directiva de la confederación manifiesta otra inquietud: “Nos preocupa también la inseguridad jurídica en la que quedan nuestras entidades, ya que tienen que dar respuesta a esta crisis con un respaldo normativo sólido. Y no tenemos garantía de que sea así”.

Plena inclusión llega con sus programas a 140.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias. La organización gestiona 1.016 centros residenciales (residencias o pisos tutelados) donde viven 17.000 personas con discapacidad. También coordina cientos de centros de día, ocupaciones o centros especiales de empleo, así como 232 colegios de educación especial en los que se presta atención a miles de personas con discapacidad de todas las edades, muchas de ellas con grandes necesidades de apoyo.