Plena inclusión agradece al Gobierno iniciar la vacunación ante la COVID en residencias de personas con discapacidad
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Plena inclusión da las gracias al Gobierno de España porque las personas con discapacidad que viven en las residencias serán los primeros en vacunarse, cuando haya vacuna. Esto es debido a que las personas con discapacidad de residencias tienen más riesgo de enfermar por coronavirus. El Gobierno también ha dicho que se vacunará a los profesionales de las residencias.
Plena inclusión España aprecia y agradece la que el Gobierno de España haya decidido que uno de los grupos que primero va a recibir la vacuna de la COVID19 sea el de las personas con discapacidad en residencias, así como el de los profesionales que trabajan en las mismas.
La confederación, que agrupa a 935 asociaciones y que gestiona 1.016 residencias en las que se atiende a más de 17.000 personas con discapacidad, valora que se priorice la salud de miles de personas que han sufrido con especial virulencia el azote de la pandemia. De hecho, desde que se inició la crisis sanitaria en las residencias de Plena inclusión han fallecido casi 300 personas a causa del virus.
La reacción de Plena inclusión se produce después de que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunciara ayer martes la lista de los 18 grupos por los que el Ejecutivo ha decidido empezar, cuando esté disponible, la campaña de vacunación contra el coronavirus.
VULNERABILIDAD Y OLVIDO
Plena inclusión valora la incorporación en la primera etapa de vacunación a los colectivos más vulnerables como son las personas con discapacidad y los equipos profesionales. “La adopción de estas medidas, dentro de las líneas maestras de la estrategia de vacunación pública, refuerza la decisión de generar un marco ético de equidad y protección de colectivos más vulnerables en coherencia con las conclusiones del análisis del impacto de la primera ola”, resalta Santiago López, presidente de Plena inclusión España.
Por otro lado, el movimiento asociativo que lucha por los derechos y el bienestar de 140.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias insiste en seguir reivindicando ante el Gobierno central un plan de inversión estatal en la red de centros y servicios de apoyo a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Gracias a este apoyo se podría hacer frente a los sobrecostes en los que las organizaciones asumen desde que se inició la pandemia para adaptarse a las medidas sanitarias preventivas que se exigen en cada comunidad autónoma.
