Las personas con discapacidad intelectual son invisibles para el sistema

La prisión no es el recurso adecuado para las personas con discapacidad intelectual que hayan cometido un delito. Esta afirmación, citada de esta u otra manera y argumentada desde los diferentes expertos en derecho, servicios sociales y sanidad, fue la nota dominante de las IV Jornadas sobre discapacidad intelectual y del desarrollo y el Sistema Penal.

Aproximación al Sistema Penitenciario que organizó Plena inclusión Castilla y León ayer con la colaboración del Colegio de Abogados de Salamanca y el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad. Estas fueron inauguradas por Fernando Dávila, Decano del Colegio de Salamanca, Andrés Encinas Bernardo, juez de vigilancia penitenciaria de Salamanca, Andrés Jiménez Rodríguez, oficina del Defensor del Pueblo, y José Gómez, Junta Directiva de Plena inclusión Castilla y León y presidente de Asprodes.

La jornada reunió a unos 60 asistentes, la mayor parte miembros del Colegio de Abogados, que escucharon los diferentes puntos de vista, lagunas del sistema y evolución del mismo según las diferentes experiencias de los ponentes.

Andrés Encinas, Juez de Vigilancia Penitenciaria de Salamanca, explicó desde su experiencia que "las personas con discapacidad intelectual son auténticos desconocidos en prisión y también para la sociedad en general. Si se les identificarse antes se evitaría en muchos casos la entrada en prisión. Hacerles más visibles sería una medida de prevención clara que evitaría su entrada en prisión".

Por su parte, Andrés Jiménez Rodriguez, jefe de área de Seguridad y Justicia de la Oficina del Defensor de Pueblo relató la diversidad de actuaciones que realiza esta Oficina relacionados con las personas con discapacidad como cursos sobre educación inclusiva o informes sobre la pérdida del voto de personas con discapacidad intelectual (80.000 en la actualidad) o sobre los reclusos con discapacidad intelectual. "La existencia de personas que previsiblemente tienen discapacidad y no tienen certificado es una de las quejas más repetidas" destacó. En esta línea, Vanessa García, gerente de Plena inclusión Castilla y León hizo un repaso de la actuación que se realiza en las prisiones desde el movimiento asociativo y reiteró "la necesidad de detectar las discapacidad intelectual en los primeros momentos (en el atestado de la policía o por abogado del turno de oficio) para que comience el engranaje antes de entrar en prisión. Es fundamental actuar en los primeros momentos del proceso".

Finalmente, Francisco Rodríguez Fernández, jefe de Psiquiatría y psiquiatra de la Unidad de Patología Dual del Hospital Santa Isabel de León, contó su experiencia como médico consultor de la prisión leonesa de Mansilla de la Mulas y alertó de la situación de las personas con una capacidad límite, que sin tener discapacidad intelectual, "están en terreno de nadie y son muy vulnerables". Puso de manifiesto la dificultad de trabajar en un entorno como el penitenciario con una población cuyo número va en aumento.

Como en ediciones anteriores, estas jornadas ponen de manifiesto la falta de recursos adecuados para las personas con discapacidad intelectual que cometen un delito pero también se apuntaron dos novedades en la comunidad que vienen a paliar esta realidad en el ámbito de la asesoría como es el Colegio de Abogados de Salamanca que, cuenta con un área específico de discapacidad, inaugurado el pasado mes de diciembre y pionero en la región cuya finalidad, con el fin de asesorar y sensibilizar a los colegiados en este ámbito y, en segundo lugar, la red de juristas de Plena inclusión Castilla y León que prevé ser un órgano consultivo en la región sobre los asuntos que aquí se traten relacionados con la discapacidad (modificación de la capacidad y asuntos del orden civil, cuestiones relativas al orden penal como el estatuto de la víctima, aspectos relacionados con el copago y otros asuntos del contencioso administrativo así como lo relativo a cuestiones laborales).

Estas jornadas organizadas por Plena inclusión Castilla y León, se celebran en el marco de un programa denominado Integración Social y Actividades Rehabilitadoras, que trabaja en el cumplimiento de penas privativas de libertad y medidas de seguridad de personas con discapacidad intelectual orientadas hacia la reeducación y reinserción social y cuentan con la financiación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.