Las entidades afronta la desescalada con una fuerte inversión en EPIS

Desde el comienzo del estado de alarma hasta el 15 de mayo se estima que las entidades de Plena inclusión Castilla y León han realizado una inversión para la compra de EPI (Equipos de Protección Individual) por valor de 180.000 euros. Estos EPIs (guantes, mascarillas, buzos, batas, geles hidroalcohólicos, etc.), adquiridos directamente por las entidades del movimiento asociativo y la Federación, se unen a los suministrados en cada provincia por la Gerencia de Servicios Sociales (Junta de Castilla y León) y a las donaciones de entidades públicas y privadas que han recibido las entidades federadas. Es un tema que preocupa a las entidades de Plena inclusión Castilla y León puesto que, además, a partir del 1 de junio la administración regional dejará de dotar de EPIs a las entidades, quienes tendrán que hacerse cargo de su aprovisionamiento.


Desde el inicio de la pandemia, las 36 entidades miembro de Plena inclusión Castilla y León, presentes en todo el territorio regional, han seguido prestando servicios tanto a las personas con discapacidad intelectual como a las familias. Al decretarse el estado de alarma, algunas personas con discapacidad intelectual que residían en residencias o viviendas decidieron volver a vivir temporalmente en sus domicilios, pero una gran mayoría permanecieron en las residencias y/o viviendas tuteladas de nuestras entidades. En total 2230 personas con discapacidad intelectual están viviendo en estos momentos en los más de 200 servicios de residencias y viviendas tuteladas que permanecen abiertas de las entidades de Plena inclusión Castilla y León.


“Según vamos avanzando en esta pandemia, y lógicamente cubiertas las prioridades humanitarias y de respuesta sanitaria, nos preocupa el esfuerzo económico que estamos teniendo que asumir para la adquisición de estos materiales, al que hay que añadir los costes en variación de infraestructuras (para adaptar los espacios de cara a cumplir con los protocolos establecidos y las medidas de seguridad), modificación de ratios para prestar apoyos individualizados y bajas de personal, entre otros” lamenta Raquel Morentin, responsable de innovación de Plena inclusión Castilla y León, quien añade “por este motivo, se está demandando a la administración la creación de un fondo extraordinario que permita hacer frente a estos gastos originados por la pandemia del COVID”.


Con el inicio del estado de alarma, se suspendieron las actividades presenciales de otros servicios y sólo permanecieron abiertos los centros residenciales y las viviendas. Sin embargo, las entidades de Plena inclusión Castilla y León no han dejado de apoyar a las personas con discapacidad intelectual y sus familias, realizando seguimientos telefónicos y prestando apoyos de manera telemática a otras 2665 personas, que permanecen en sus domicilios familiares. Asesoramientos personalizados, cursos on line, cafés de familias, sesiones para estar en forma… son algunas de las nuevas rutinas “on line” que se han desarrollado en estos meses. “El acompañamiento a través del teléfono o las sesiones a través de internet, que en otros momentos nos parecía muy complicado, ahora hemos descubierto un gran potencial tanto con las propias personas como con las familias; no obstante, es cierto que hay que superar una “brecha digital” y que hay muchas familias que tienen dificultades para adquirir estas nuevas tecnologías”, añade Morentin.

Según vayamos avanzando progresivamente en la desescalada, es previsible que se vayan abriendo centros y servicios, los cuales tienen que irse adaptando a las condiciones establecidas por sanidad y los protocolos de la administración, sin olvidar que el foco está en la persona con discapacidad y en su proyecto de vida.


“Según se vaya produciendo esta desescalada, la inversión en personal para dar respuesta a servicios domiciliarios o en pequeños grupos, y en EPIs será previsiblemente mayor”, considera Raquel Morentin quien añade “es fundamental estudiar esto conjuntamente con la administración y ver de qué manera se equilibran estos costes, para hacer sostenibles los servicios pero sin repercutir lógicamente el coste en las familias, quienes también están sufriendo la crisis económica asociada a esta pandemia”.


Las entidades de Plena inclusión han sufrido los efectos del COVID19 como el resto de la población con 14 personas con discapacidad intelectual fallecidas, 272 contagiadas, 13 con sintomatología compatible y 188 han superado la infección. El balance de los profesionales de los centros es de 65 contagiados y 48 con sintomatología compatible.



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