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La incapacitación judicial de personas con discapacidad desaparece el 3 de septiembre

La incapacitación judicial de personas con discapacidad desaparece el 3 de septiembre

en Noticias
El 3 de junio se publicó en el Boletín Oficial del Estado
la reforma del Código Civil.
El Boletín Oficial del Estado es un diario donde se publican
todas las leyes que aprueba el Gobierno.
La reforma del Código Civil dice que las personas con discapacidad 
tienen derecho a tomar decisiones y a ejercer sus derechos
como el resto de las personas.

Esta reforma comenzará a funcionar el 3 de septiembre
y ha sido posible gracias a la petición
de las organizaciones de la discapacidad intelectual,
como Plena inclusión.

Este jueves 3 de junio, la mayor reforma legislativa sobre discapacidad ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tras haber sido ratificada tanto por el Senado (el pasado 12 de mayo) como por el Congreso días después (20 de mayo). Su publicación en el BOE supone su puesta en marcha y derogación de leyes anteriores a partir del 3 de septiembre, 3 meses después de su publicación. Cabe destacar, que la nueva legislación prevé un período de 3 años para la adaptación y revisión de las sentencias de modificación de la capacidad jurídica ya dictadas.

Esta reforma elimina un modelo de sustitución de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo para adoptar un modelo de apoyo en la toma de decisiones, basado en el respeto de la voluntad y preferencias de las personas con discapacidad, y trae consigo un cambio de paradigma en todos los niveles, tanto para las propias personas con discapacidad, que serán protagonistas de sus tomas de decisiones, como para los agentes jurídicos y sociales que intervienen en esta prestación o garantía de apoyos.

En este sentido, Torcuato Recover, asesor jurídico de la Asociación indicó ayer, en el seminario organizado por Fundación ONCE sobre esta reforma legal, que «habrá entidades y personas que no tendrán que realizar grandes cambios en la forma en la que prestan los apoyos, sí adaptarse a los nuevos procedimientos, ahora de jurisdicción voluntaria y otros, pero no cambiar la forma en la que apoyan a las personas con discapacidad intelectual, como es el ejemplo de las Fundaciones Tutelares que forman parte de la AEFT, que ya desde hace muchos años están trabajando en línea con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, apoyando en la toma de decisiones de una manera cercana y personal».

Para Enrique Galván, director de Plena inclusión España, “ahora llega el momento de dar a conocer los términos prácticos de esta reforma histórica. Desde el movimiento asociativo que defiende los derechos de cientos de miles de personas con discapacidad intelectual y de sus familias nos vamos a implicar en explicar cómo van a afectar los cambios legislativos a las vidas de las personas”.

Así, AEFT y Plena inclusión organizan un ciclo de 3 seminarios que dará respuesta a las preguntas de operadores jurídicos (8 de junio), personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y familiares (17 de junio) y profesionales y dirigentes de entidades (29 de junio).