Justicia gratuita y discapacidad a debate hoy en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid
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La formación en discapacidad por parte de los operadores jurídicos y el enfoque desde el punto de vista de los derechos son algunas de las premisas que han estado presentes en la tarde de hoy en la jornada “Justicia gratuita y discapacidad” celebrada en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid.
Cinco expertos en el ámbito del Derecho han ido desgranando cómo afecta la sentencia del Tribunal Constitucional 86/2022 de junio de 2022 que ha evidenciado la situación de las personas con discapacidad frente a la aplicación real del derecho a la Justicia Gratuita. Javier García Medina. Decano de la Facultad de Derecho y director del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Valladolid comenzó la jornada contextualizando la jornada e hizo un repaso a la situación de vulnerabilidad económica de las personas con discapacidad tal y como apoyan diferentes estudios del Relator de Naciones Unidas, así como el repaso de los países europeos respecto al acceso a la justicia gratuita de las personas con discapacidad.
Rafael de Asís. Catedrático de Filosofía del Derecho e Investigador del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces Barba de la Universidad Carlos III Madrid, por su parte ha destacado la importancia de mantener un enfoque del derecho a esta realidad. Un enfoque en derechos implica situar a las personas en el centro, reconocer el libre desarrollo de las personas, ¡esa es la clave!
Más aterrizado en el día a día, desde el Colegio de Abogados de Valladolid, su decano, Javier Martín, ha insistido en la necesidad de actualizar la Ley de asistencia jurídica gratuita porque no responde a la realidad del siglo XXI en España. Hoy la sociedad es más inclusiva y se ha avanzado en los derechos de las personas con discapacidad tal y como se recoge en la Convención de los Derechos de las Personas con discapacidad. También apuntó la necesidad de avanzar en la legislación del la figura del facilitador.
Finalmente, desde Plena inclusión tanto Inés de Araoz, asesora jurídica, como Torcuato Recover, coordinador de la “Red de Juristas”, han alertado de la vulnerabilidad que tienen las personas con discapacidad intelectual en los procesos judiciales y han insistido en la necesidad de la figura del facilitador y en la accesibilidad universal de la misma.
Una jornada de reflexión que pone una vez más de manifiesto la necesidad de trabajar de forma coordinada entre todas las administraciones para garantizar de verdad los derechos de las personas con discapacidad y que se dote del soporte económico y profesional necesario para que exista la justicia para este colectivo.