El proyecto Enable detecta barreras para la participación de personas con discapacidad intelectual en el sistema penal
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Participar en un proceso judicial es todavía muy difícil para las personas con discapacidad intelectual. Plena inclusión ha hecho un informe que denuncia esta situación. El informe es parte del proyecto europeo Enable en el que participan organizaciones de 8 países europeos. El informe presenta los resultados de una investigación sobre las barreras que se encuentran las personas acusadas con discapacidad intelectual en la Justicia. Son barreras como: - Entender la información. - Recibir el apoyo que necesitan. - Adaptar el proceso a sus necesidades. Estas barreras hacen que la Justicia no dé las mismas condiciones a todas las personas. Todas las personas tenemos derecho a una Justicia en iguales condiciones, tengamos o no discapacidad. Algunas ideas del estudio: - La mayoría de las personas no entienden el proceso. Esto pasa porque en la Justicia se usan palabras muy difíciles. - Las personas con discapacidad tampoco conocen bien sus derechos cuando están en un proceso judicial. - Muchas veces no se sabe que una persona tiene discapacidad intelectual durante un proceso judicial. Esto es muy grave. - No hay leyes sobre penas que reconozcan los ajustes de procedimiento. - Hay personas con discapacidad a las que les cuesta hablar, por ejemplo. Es su forma de ser. Pero la policía y otras personas de la Justicia no conocen la discapacidad y a menudo piensan que estas personas no quieren colaborar. En lugar de pensar que tienen dificultades. Algunos consejos: - Cambiar las leyes y reconocer mejor los derechos de las personas con discapacidad intelectual en los procesos judiciales. - Incluir de forma clara los ajustes de procedimiento en las leyes relacionadas con la Justicia. - Crear un documento para actuar con personas con discapacidad. Este documento deben leerlo todas y todos los profesionales de la Justicia. - Crear formas rápidas de saber si una persona que empieza en un proceso judicial tiene discapacidad intelectual.
La participación igualitaria y efectiva de las personas con discapacidad intelectual en procesos judiciales en los que están implicadas sigue siendo una entelequia en la mayor parte de Europa. Y España no es una excepción. Así lo afirma un informe realizado recientemente por Plena inclusión España, en el marco del Proyecto Enable. Esta iniciativa, en la que participan organizaciones sociales de 8 países comunitarios, está promovida y financiada por la Unión Europea.
El objetivo general de este informe es presentar los resultados de la investigación sobre las barreras a las que se enfrentan las personas acusadas con discapacidad intelectual y psicosocial en el sistema de justicia penal para acceder a la información, al apoyo y a las adaptaciones procesales, lo que les impiden participar en igualdad de condiciones. “Tratamos de evaluar en qué medida existen leyes, políticas y/o prácticas (incluidas las prácticas prometedoras) que permitan a las personas con discapacidad intelectual y/o psicosocial acusadas superar estas barreras, en particular mediante la provisión de ajustes de procedimiento”, explica Natalia Pérez, del Área Jurídica de Plena inclusión España.
Conclusiones de la investigación:
- La mayor parte de las personas entrevistadas afirman que no entienden el proceso y que desconocen sus derechos como acusados si no se hacen las adaptaciones necesarias. Esto sucede porque los agentes jurídicos usan términos muy técnicos.
- Se aprecia una generalizada falta de conocimiento y concienciación de dichos agentes (abogados, jueces, fiscales, etc.) sobre los derechos de las personas con discapacidad, y en particular sobre los ajustes de procedimiento necesarios.
- La falta de detección de la discapacidad intelectual es una de las barreras más importantes a las que se enfrentan estas personas para que se les apliquen ajustes de procedimiento.
- No existe, en la legislación penal, un reconocimiento de los ajustes de procedimiento.
- Las características de las personas con discapacidad suelen interpretarse erróneamente como un comportamiento poco cooperativo en las investigaciones policiales o los procedimientos judiciales.
- Algunas recomendaciones:
- Las leyes penales deben modificarse para reconocer los derechos de las personas con discapacidad y subrayar la necesidad de realizar ajustes de procedimiento.
- Crear un protocolo de actuación dirigido a los profesionales para cuando la acusada sea una persona con discapacidad.
- Crear mecanismos prácticos y ágiles para detectar la discapacidad intelectual en una fase temprana del procedimiento.
Pincha aquí para descargar el informe
