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El aumento de gastos en un 9%  amenaza la supervivencia de las entidades

El aumento de gastos en un 9% amenaza la supervivencia de las entidades

en Noticias
Plena inclusión España ha hecho un estudio
sobre los gastos de las asociaciones y fundaciones
de personas con discapacidad intelectual. 

Según este estudio,
cada asociación ha gastado de media 90 mil euros más
que el año pasado. 
Los gastos que más han aumentado han sido
electricidad, gas, transporte
o alquileres de espacios. 

Plena inclusión ha creado un Observatorio
para estudiar de forma habitual 
si sus 950 asociaciones
tienen suficiente dinero
para dar sus servicios
a las personas con discapacidad intelectual. 

En el estudio han participado 27 entidades
de 11 Comunidades Autónomas.
Castilla y León ha sido una de las comunidades
que ha participado. 

Plena inclusión ha enviado una carta
al Ministerio de Derechos Sociales
para mostrar su preocupación
por esta situación
y pedir soluciones. 
Sostener el apoyo a la población más vulnerable, cada día se convierte en una misión más difícil. Esta es la conclusión que podría extraerse del estudio realizado por Plena inclusión España entre 27 de sus entidades, en 11 Comunidades Autónomas. Esta recopilación de datos señala que en el último año los gastos de las entidades de Plena inclusión se han incrementado en un 9% de media. En un presupuesto medio anual de un millón de euros, esta sobrecarga económica supone asumir 90.000 euros más de gasto, en un contexto general de infrafinanciación de los servicios sociales.


Los datos, recogidos entre marzo de 2021 y el mismo mes de 2022, corresponden a un estudio pormenorizado de las cuentas de las entidades, al que seguirán otros. En el mismo se computan gastos de suministros, alquileres, alimentos y personal, en asociaciones de tamaño grande (más de 200 trabajadores/as), mediano (entre 200 y 50) y pequeño (menos de 50 empleados/as). El incremento se sitúa en un 72% (electricidad); 40% (transporte); 32% (gas); 8% (alquileres). Estas cifras han llevado a Plena inclusión a crear un Observatorio Permanente de Seguimiento sobre la Sostenibilidad Económica de las entidades que conforman la confederación.

Hay que recordar que el movimiento asociativo de Plena inclusión, formado por 950 entidades distribuidas por toda la geografía española, sostiene a más de 4.000 centros y servicios: centros de día, pisos tutelados, colegios de educación especial, centros ocupacionales, residencias, centros especiales de empleo, etc. En su conjunto, con una plantilla de más de 46.000 personas, presta apoyos a 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y a sus familias, garantizando su acceso a derechos fundamentales como los de educación, empleo, vivienda, salud y ocio, entre otros.

SITUACIÓN INSOSTENIBLE


“Las administraciones públicas no pueden permitir que entidades que dan un apoyo fundamental a uno de los grupos más vulnerables de la sociedad terminen desapareciendo porque no alcanzan a sufragar unos sobrecostes cada vez más altos”, explica Santiago López, presidente de Plena inclusión España, en referencia a la ayuda que presta este movimiento asociativo a 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en todo el país.

Plena inclusión ha hecho llegar su preocupación a la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, enviándole una carta en la que se le pide que refuerce la financiación del Plan de Choque del Sistema Nacional de Promoción de la autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), con el que se apoya presupuestariamente a las CCAA para que estas puedan actualizar los precios/plaza de los centros y servicios. También se solicita a las administraciones competentes que aseguren la financiación de los centros especiales de empleo, la mayor herramienta de inclusión laboral para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

En el estudio de Plena inclusión se alerta sobre los dos elementos que han terminado desequilibrando los presupuestos: el incremento del gasto energético (condicionado por repunte del precio de electricidad, gas y gasolina) y de los costes de personal, una realidad marcada por el nuevo SMI, la reforma laboral y la revisión salarial. En este último apartado, de acuerdo a la información que contiene el estudio de Plena inclusión, se prevé para 2022 un aumento del 7,5% en la partida que se destina a pagar las nóminas de los profesionales que trabajan en estos 4.000 centros y servicios.