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NOTICIA
16-12-2013
FEAPS realiza un informe jurídico sobre la aplicación de la Ley Dependencia
El informe alerta de las desigualdades existentes
Esta mañana se ha presentado en la sede Territorial de la ONCE de Madrid el informe realizado por FEAPS, titulado ?La participación económica del beneficiario en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia?. En el mismo se realiza un profundo análisis de la participación económica de las personas en situación de dependencia en el citado Sistema.
Del mismo se extraen las siguientes conclusiones:
  • Las personas que se benefician actualmente del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, entre las que se encuentran personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, se encuentran en una situación de inseguridad jurídica debido a la existencia de lagunas, y a la dispersión y sobreabundancia normativa.
  • Esta situación normativa, hace muy difícil, incluso para un profesional especializado en la materia, conocer cuáles son estas condiciones de participación económica. Además, a las personas beneficiarias del Sistema no siempre se les ofrece información clara, completa y actualizada. Por tanto, existe una clara falta de transparencia en el Sistema, que provoca situaciones de indefensión jurídica en las personas beneficiarias del Sistema.
  • Pese a que la propia Ley de Promoción de la Autonomía Personal nació con el objeto de establecer un contenido mínimo común del derecho para todos los beneficiarios, en estos momentos existe una desigualdad territorial tan acusada en la regulación de esta participación económica, que puede llegar a decirse que supone una vulneración del derecho a la promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia, y por tanto una discriminación en función del lugar de residencia.
  • Por último, se ha destacado una tendencia restrictiva: el Sistema proporciona cada vez menor cobertura a sus beneficiarios y, por tanto, se está desvirtuando paulatinamente.
Ante todo ello, FEAPS hace en el Informe una serie de propuestas de actuación, entre las que destacan:
  • Realizar procesos de refundición normativa que aclaren y armonicen esta situación jurídica.
  • Que las páginas web ofrezcan a los beneficiarios información actualizada, y comprensible para sus beneficiarios.
  • Que en el seno del Consejo Territorial se aborde un proceso en el que las Comunidades Autónomas alcancen un acuerdo para homogeneizar las condiciones de participación económica de los beneficiarios en toda España, y que estas condiciones preserven en todo caso su derecho a un nivel de vida digno.

Para descargar el informe pincha aquí.



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