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NOTICIA
18-04-2012
FEAPS aboga por que la revisión del sistema de atención a la Dependencia se haga con garantías para las personas con discapacidad intelectual
El Gobierno y las Comunidades Autónomas alcanzaron una propuesta de Acuerdo por los Servicios Sociales y la Dependencia
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad acaba de alcanzar una propuesta inicial de acuerdo con las Comunidades Autónomas para evaluar y revisar, en un plazo de dos meses, el funcionamiento del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Este acuerdo, según la ministra Ana Mato, servirá para avanzar hacia unos servicios sociales que “bajo los principios de igualdad y calidad en la atención, contribuyan a mejorar su eficiencia y su cohesión social en beneficio de los ciudadanos”.
La revisión de este sistema tendrá como objetivo analizar diferentes materias como el baremo de valoración establecido en la Ley de Autonomía Personal; la calidad y adecuación de la cartera de servicios; el procedimiento de acceso a las prestaciones; y los aspectos económicos de la atención a la Dependencia.
Respecto a la posible revisión del baremo, FEAPS considera que esta valoración debe ser expansiva y no restrictiva, garantizando un nivel de cobertura suficiente para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en situación de dependencia. En el momento actual, el Gobierno ya ha planteado una moratoria que ha dejado fuera de este sistema de atención a 24.000 de estas personas, según estimaciones de nuestra organización.
Por otro lado, nuestro movimiento asociativo pone de manifiesto que el establecimiento del Programa Individual de Atención (PIA) mediante el cual se valora la dependencia, debe contar con mayor participación desde el inicio de la propia persona atendida, con el fin de garantizar que la cobertura es la más adaptada a las necesidades reales de cada persona y cada familia.
En relación con la calidad y la adecuación de la cartera de servicios del SAAD a la situación de las personas en situación de dependencia, creemos que se debe enfocar más en los apoyos que necesitan las personas y sus familias, y no tanto –como se está haciendo con carácter generalizado–, en las prestaciones económicas o en la asignación de recursos inadecuados o contra la voluntad de los interesados. La propia Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad hace alusión a este aspecto en sus artículos 14 y 19.
El Gobierno apuesta por emplear la red pública de servicios sociales en lugar de ofrecer con carácter habitual prestaciones económicas. Sin embargo, en la actualidad hay 300.000 personas con derecho reconocido a la cobertura de servicios que están en lista de espera. Por tanto, FEAPS alerta de la necesidad de garantizar unas infraestructuras suficientes que eviten un aumento de personas desatendidas por el sistema.
El Ministerio también plantea cambiar el procedimiento de acceso a las prestaciones. FEAPS aboga por que se constituya un procedimiento único y simplificado, pero que se realice con todas las garantías de seguridad jurídica, información y acceso para las personas con discapacidad intelectual en situación de dependencia y sus familias.
Finalmente, en relación con los aspectos económicos, y en una situación especial de crisis como la que vivimos actualmente, FEAPS muestra su preocupación por la eventual aplicación del copago en este ámbito de la dependencia, que puede suponer un grave riego de desigualdad para muchas personas con discapacidad intelectual y sus familias. Por tanto, proponemos una renta exenta suficiente para evitar el efecto confiscatorio que en muchos casos produce este copago.


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