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NOTICIA
18-09-2018
El Congreso decide sobre el derecho al voto de personas con discapacidad
100.000 personas se beneficiarán de la medida
A instancias de una iniciativa legislativa originada en la Asamblea de Madrid, el pasado mes de noviembre los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados daban carta blanca al trámite de validación de la Proposición de Ley de Reforma de la LOREG (5/1985, de 19 de junio), que reconoce el derecho al voto a 100.000 personas sometidas a procesos de incapacitación jurídica, entre ellas decenas de miles de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.


Esta modificación recoge una reformulación del artículo III de la Ley Electoral, que elimina los apartados que limitan el ejercicio del derecho al sufragio de, entre otros, "los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme, siempre que la misma declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio". Y también añade una disposición adicional para ?de acuerdo a la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad?, dejar sin efecto a partir de su entrada en vigor "las limitaciones en el ejercicio del derecho de sufragio establecidas por decisión judicial fundamentadas jurídicamente", añadiendo además que "las personas a las que se les hubiere limitado o anulado su derecho de sufragio por razón de discapacidad quedan reintegradas plenamente en el mismo por ministerio de la Ley".


Todo ello se traduce -de ser aprobada esta modificación y pasar automáticamente al Pleno Parlamentario para su aprobación final-, en la restitución automática del ejercicio del derecho al voto de 100.000 personas incapacitadas en España, la mayoría de ellas personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. En febrero de 2017, estas personas realizaron un Manifiesto por el Derecho al Voto, que fue leído en una concentración ante el Tribunal Constitucional organizada por Plena inclusión, el CERMI y Down España.

En este manifiesto, además de esta modificación de la LOREG, las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo demandan poder ejercer su derecho al voto en igualdad de condiciones que el resto, a través de sistemas de accesibilidad cognitiva que hagan más comprensible toda la información electoral, los programas políticos y los colegios electorales. Asimismo reclaman que se garantice el sufragio pasivo y su participación en la vida política.


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